BOGOTA - Las comunidades de paz, creadas para excluir de sus territorios a los protagonistas del conflicto armado colombiano, no podrán existir más sin la presencia de las fuerza pública, anunció el martes el ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe.
La decisión fue tomada tras una masacre de ocho campesinos en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, al noroeste del país, el pasado 21 de febrero cuando, según los altos mandos, no había presencia militar ni policial en el área. Aunque se ha sindicado a miembros del ejército como presuntos responsables del crimen y también a guerrilleros.
"Nuestra decisión es estar en todo el territorio nacional. El presidente (Alvaro) Uribe ha dicho que en Colombia no habrá zonas de despeje (militar). No podrá haber comunidades de paz sin la presencia de la fuerza pública", afirmó el ministro de Defensa en Radio Caracol.

En Colombia, hay decenas de comunidades de paz, constituidas desde 1997, por iniciativa de la Iglesia Católica y de poblaciones indígenas y campesinas.
El ministro explicó que la matanza de San José de Apartadó pudo ser evitada allí, donde viven 2.500 campesinos, si el ejército hubiera tenido acceso para proteger a la población.
"La presencia del ejército en San José de Apartadó no ha sido defensora, ha sido agresora", dijo a la AP el sacerdote Javier Giraldo, director del Centro de Investigaciones y Educación Popular (CINEP), uno de los gestores de la creación de la Comunidad de Paz en ese municipio.

Aseguró que desde que se creó la comunidad, 165 campesinos han sido asesinados o han desaparecidos. De estos crímenes 20 se atribuyen a las FARC, la principal guerrilla de Colombia, y 145 al ejército y a los paramilitares.
"Por eso, y porque los militares están agrediendo permanentemente a la población, ellos piden que esos asesinos no vuelvan a pisar su territorio", dijo Giraldo.

Según el ministro de Defensa, muchas de esas muertes han quedado en la impunidad debido a que la fuerza pública no tiene acceso a la población.
Agregó que el diseño de estas áreas con autonomía de facto para no permitir el ingreso de la fuerza pública es un precedente grave, porque la comunidad también podría "decidir que no se eduque a los niños, que no tenga alcalde, que no tenga servicio de salud".

Pero el director del CINEP aseguró que lo que piden los campesinos de San José de Apartadó y otras comunidades "es el derecho constitucional a la paz, exigiendo que todos los actores de la guerra—guerrilla, paramilitares y militares—no estén en sus viviendas y ni en sus tierras de cultivo".
Los habitantes de San José de Apartadó se han negado a presentar su testimonio ante la Fiscalía sobre la incursión de sujetos armados que dieron muerte a machete y disparos a ocho personas, incluyendo a su líder comunal y a dos de sus hijos menores. Sostiene que sólo presentarán su versión ante la Corte Interamericana de Justicia que asumió la protección de la comunidad.

El sacerdote Giraldo reiteró que no hay duda que los autores de matanza son miembros "de la brigada 17 de ejército que habían militarizado la zona desde el 17 de febrero, cuatro días antes de la masacre".
Pero el ministro aseguró que "tenemos informaciones fundamentadas de que no fue la fuerza pública la causante de la tragedia", aunque prometió que el gobierno aceptará cualquier veredicto de la justicia.
"El propósito del gobierno y del Ministerio es que de todas las investigaciones salga la verdad, no importa cuál sea. No se trata dehacer una defensa a ultranza de la fu

Articulo 2
Marzo 8 de 2005
10:30 a.m.

Comunidades de paz no podrán existir sin la la Fuerza Pública, anuncia ministro de Defensa.

Jorge Alberto Uribe dijo que estas zonas creadas para excluir de su territorio a los protagonistas del conflicto armado serán replanteadas.

La decisión fue tomada tras una masacre de ocho campesinos en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, al noroeste del país, el pasado 21 de febrero cuando, según los altos mandos, no había presencia militar ni policial en el área. Aunque se ha sindicado a miembros del ejército como presuntos responsables del crimen y también a guerrilleros.
"Nuestra decisión es estar en todo el territorio nacional. El presidente (Alvaro) Uribe ha dicho que en Colombia no habrá zonas de despeje (militar). No podrá haber comunidades de paz sin la presencia de la fuerza pública", afirmó el ministro de Defensa en Radio Caracol.
En Colombia, hay decenas de comunidades de paz, constituidas desde 1997, por iniciativa de la Iglesia Católica y de poblaciones indígenas y campesinas.

El ministro explicó que la matanza de San José de Apartadó pudo ser evitada allí, donde viven 2.500 campesinos, si el ejército hubiera tenido acceso para proteger a la población.
"La presencia del Ejército en San José de Apartadó no ha sido defensora, ha sido agresora", dijo el sacerdote Javier Giraldo, director del Centro de Investigaciones y Educación Popular (CINEP), uno de los gestores de la creación de la Comunidad de Paz en ese municipio.
Aseguró que desde que se creó la comunidad, 165 campesinos han sido asesinados o han desaparecidos. De estos crímenes 20 se atribuyen a las Farc, la principal guerrilla de Colombia, y 145 al ejército y a los paramilitares.

"Por eso, y porque los militares están agrediendo permanentemente a la población, ellos piden que esos asesinos no vuelvan a pisar su territorio", dijo Giraldo.
Según el ministro de Defensa, muchas de esas muertes han quedado en la impunidad debido a que la fuerza pública no tiene acceso a la población.
Agregó que el diseño de estas áreas con autonomía de facto para no permitir el ingreso de la fuerza pública es un precedente grave, porque la comunidad también podría "decidir que no se eduque a los niños, que no tenga alcalde, que no tenga servicio de salud".

Pero el director del CINEP aseguró que lo que piden los campesinos de San José de Apartadó y otras comunidades "es el derecho constitucional a la paz, exigiendo que todos los actores de la guerra—guerrilla, paramilitares y militares—no estén en sus viviendas y ni en sus tierras de cultivo2.
Los habitantes de San José de Apartadó se han negado a presentar su testimonio ante la Fiscalía sobre la incursión de sujetos armados que dieron muerte a machete y disparos a ocho personas, incluyendo a su líder comunal y a dos de sus hijos menores.
Sostiene que sólo presentarán su versión ante la Corte Interamericana de Justicia que asumió la protección de la comunidad.