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Articoli dal giornale El Colombiano e le dichiarazioni ufficiali 

Le informazioni che ci provengono dalla Colombia sono inquietanti.
Sosteniamo anche noi la comunità ed i suoi membri e siamo colpiti dal loro coraggio e determinazione.
Sosteniamo anche noi con fermezza la richiesta di identificazione delle responsabilità.
Tuttavia riteniamo di dover tenere separate le probabili responsabilità di membri delle forze armate colombiane ( sia di partecipazione diretta alle nefandezze che di copertura degli autori) da quelle delle istituzioni colombiane in generale, per potere facilitare il rinforzo delle posizioni democratiche e di tutela dei diritti umani all'interno delle stesse.
Ci rendiamo conto che tale atteggiamento è difficile da mantenere in questo momento di dolore e rabbia, ma che esso potrebbe essere più proficuo per isolare i criminali.

Pubblichiamo:

JAVIER BAENA Associated Press

BOGOTA' - Las comunidades de paz, creadas para excluir de sus territorios a los protagonistas del conflicto armado colombiano, no podrán existir más sin la presencia de las fuerza pública, anunció el martes el ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe.
La decisión fue tomada tras una masacre de ocho campesinos en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, al noroeste del país, el pasado 21 de febrero cuando, según los altos mandos, no había presencia militar ni policial en el área. Aunque se ha sindicado a miembros del ejército como presuntos responsables del crimen y también a guerrilleros.
"Nuestra decisión es estar en todo el territorio nacional. El presidente (Alvaro) Uribe ha dicho que en Colombia no habrá zonas de despeje (militar). No podrá haber comunidades de paz sin la presencia de la fuerza pública", afirmó el ministro de Defensa en Radio Caracol.

En Colombia, hay decenas de comunidades de paz, constituidas desde 1997, por iniciativa de la Iglesia Católica y de poblaciones indígenas y campesinas.
El ministro explicó que la matanza de San José de Apartadó pudo ser evitada allí, donde viven 2.500 campesinos, si el ejército hubiera tenido acceso para proteger a la población.

"La presencia del ejército en San José de Apartadó no ha sido defensora, ha sido agresora", dijo a la AP el sacerdote Javier Giraldo, director del Centro de Investigaciones y Educación Popular (CINEP), uno de los gestores de la creación de la Comunidad de Paz en ese municipio.
Aseguró que desde que se creó la comunidad, 165 campesinos han sido asesinados o han desaparecidos. De estos crímenes 20 se atribuyen a las FARC, la principal guerrilla de Colombia, y 145 al ejército y a los paramilitares.
"Por eso, y porque los militares están agrediendo permanentemente a la población, ellos piden que esos asesinos no vuelvan a pisar su territorio", dijo Giraldo.

Según el ministro de Defensa, muchas de esas muertes han quedado en la impunidad debido a que la fuerza pública no tiene acceso a la población.
Agregó que el diseño de estas áreas con autonomía de facto para no permitir el ingreso de la fuerza pública es un precedente grave, porque la comunidad también podría "decidir que no se eduque a los niños, que no tenga alcalde, que no tenga servicio de salud".

Pero el director del CINEP aseguró que lo que piden los campesinos de San José de Apartadó y otras comunidades "es el derecho constitucional a la paz, exigiendo que todos los actores de la guerra-guerrilla, paramilitares y militares-no estén en sus viviendas y ni en sus tierras de cultivo"
Los habitantes de San José de Apartadó se han negado a presentar su testimonio ante la Fiscalía sobre la incursión de sujetos armados que dieron muerte a machete y disparos a ocho personas, incluyendo a su líder comunal y a dos de sus hijos menores. Sostiene que sólo presentarán su versión ante la Corte Interamericana de Justicia que asumió la protección de la comunidad.

El sacerdote Giraldo reiteró que no hay duda que los autores de matanza son miembros "de la brigada 17 de ejército que habían militarizado la zona desde el 17 de febrero, cuatro días antes de la masacre".
Pero el ministro aseguró que "tenemos informaciones fundamentadas de que no fue la fuerza pública la causante de la tragedia", aunque prometió que el gobierno aceptará cualquier veredicto de la justicia.
"El propósito del gobierno y del Ministerio es que de todas las investigaciones salga la verdad, no importa cuál sea."No se trata de hacer una defensa a ultranza de la fuerza pública", agregó.

Quotidiano EL Colombiano mercoledì 2 marzo 2005

Le ONG hanno richiesto che il Congresso discuta di questo massacro.

Il ministro della Difesa, Jorge Alberto Uribe, ha respinto le accuse circa la supposta partecipazione dei militari nel massacro realizzato a San José de Apartadó, assicurando che non c'erano soldati nella zona quando fu compiuto.
"Dalle informazioni che abbiamo sinora le Forze Armate non sono responsabili (...) i soldati che si trovavano più vicini erano a tre o quattro giorni da li"

Il Comandante delle Forze Militari, il Generale Carlos Alberto Ospina, ha detto che non si spiega perché il 23 febbraio, una ONG ha denunciato che i corpi erano stati squartati quel giorno mentre le fosse dove erano sepolti i cadaveri "sono state trovate ed aperte dalla Fiscalia il 25 (di febbraio), alle 17:00 e secondo il verbale della Fiscalia, quelle fosse non erano state aperte prima".

Secondo Ospina, vari abitanti informarono la commissione d’investigazione dell’Esercito giunta sul posto, che "il signor Luis Eduardo Guerra, una delle persone assassinate, aveva espresso l’intenzione di ritirarsi dalla Comunità di Apartadó".

Sul tema si sono pronunciati delegati di organizzazioni dei diritti umani, che hanno chiesto al Congresso di aprire un dibattito sul controllo politico dell’esercito, in seguito alle denunce che vedono coinvolti alcuni dei suoi membri nel massacro.

Questa é la posizione dell’ex sindaco di Apartadò, Gloria Cuartas, che é intervenuta nell’udienza pubblica sul tema delle iniziative di Verità Giustizia e Riparazione.

Per Cuartas, le denunce sono molto concrete e lo sono anche gli indizi; la situazione merita dunque, un’investigazione approfondita delle autorità militari e penali ordinarie.

Il fatto é stato anche trattato in un consiglio di sicurezza che é stato realizzato ieri nella Gobernación di Antioquia. Il comandante della Polizia dell’Urabá, Colonnello Yamilk Moreno Arias, ha assicurato che la sua istituzione ha a disposizione 50 uomini per garantire la sicurezza nell’area urbana di quella comunità di pace. Secondo l’ufficiale si attende solo che venga indicato il luogo in cui costruire la caserma. L’ufficio in Colombia dell’alto Commissariato dell’ONU per i Diritti Umani condanna il massacro.

Il suo Direttore Aggiunto, Amerigo Carcaterra, visiterà oggi San Josè in compagnia di rappresentanti dell’Alto Commissariato dell’ONU per i Rifugiati, (ACNUR), e sentirà la Comunità, e differenti autorità civili e militari.

Articolo di GMV.

Traduzione M.R.

OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS

Bogotá, D.C., 28 de febrero de 2005

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condena la masacre de la que fueron víctimas: Luis Eduardo Guerra Guerra, de 35 años; Alfonso Bolívar Tuberquia Graciano, de 30; Sandra Milena Muñoz Pozo, de 24; Alejandro Pérez Cuirez, no se conoce la edad; y los niños y jóvenes: Bellanyra Aleiza, de 17 años; Deiner Andrés Guerra, de 11; Natalia Andrea Tuberquia Muñoz, de 6; y Santiago Tuberquia Muñoz, de 2.

Estos asesinatos fueron perpetrados entre los días 21 y 22 de febrero del presente año en la vereda la Resbalosa de San José de Apartadó. Cinco de los cadáveres encontrados presentaban mutilaciones con machete y algunas de estas personas habrían muerto por impacto de bala. Los cuerpos de las tres víctimas restantes se encontraron en avanzado estado de descomposición. Las autoridades aún desconocen quienes fueron los responsables de estos crímenes atroces.

Las víctimas pertenecían a la comunidad de paz de San José de Apartadó, Antioquia. Entre ellas figura Eduardo Guerra Guerra, quien era un importante líder de la comunidad y defensor de derechos humanos.

La Oficina desea recordar que la comunidad de San José de Apartadó goza de medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que la Corte Constitucional colombiana pidió protección efectiva para estos pobladores, en marzo de 2004. Estas disposiciones obligan al Estado Colombiano a tomar medidas especiales de seguridad en favor de la comunidad y de sus integrantes.

Al repudiar estos graves hechos, la Oficina solicita a las autoridades adelantar una investigación, pronta y eficaz, que permita esclarecer lo ocurrido, y juzgar y sancionar a los autores de este crueles crímenes.

La Oficina desea expresar sus sentimientos de condolencia a los familiares de las víctimas y a la comunidad de paz de San José de Apartadó.

Declaración Pública Peace Brigades International -Colombia Londres, 28 de febrero 2005

Los integrantes de Peace Brigades International Colombia queremos expresar nuestra profunda consternación y dolor frente al asesinato de Luis Eduardo Guerra, reconocido líder de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (Antioquia, Colombia) y de siete personas más incluyendo mujeres y niños. La cruel masacre de estos civiles ocurrió entre el 21 y el 22 de febrero.

PBI ha acompañado a Luis Eduardo desde nuestra llegada a Urabá en 1998. Ha sido uno de los líderes comunitarios que más admiración nos ha causado por la claridad y coherencia de su discurso y por su rotundo compromiso con la paz y los derechos humanos, a pesar de las sistemáticas amenazas de muerte. A consecuencia de estas amenazas Luis Eduardo salió de San José de Apartadó, y después de más de dos años como desplazado interno regresó en el año 2004. PBI acompañó la tristeza de su salida y la alegría de su vuelta.

Luis Eduardo Guerra representó a la comunidad de paz en su interlocución con el Gobierno y el Estado Colombiano, con el Cuerpo Diplomático acreditado en Colombia y con organismos nacionales y internacionales. Personas solidarias, políticos, periodistas le conocieron en las giras que realizó en países como Alemania, Italia, Holanda y Estados Unidos.

Según los comunicados de la Comunidad de Paz y de la Corporación Jurídica Libertad - ambas acompañadas por Peace Brigades International Colombia - testigos presenciales confirmaron que el 21 de febrero, en cercanías del río Mulatos, Luis Eduardo Guerra, su hijo, compañera y otra persona fueron retenidos por hombres armados y uniformados que se identificaron como pertenecientes a la Brigada XI del Ejército. De allí, fueron conducidos a una finca perteneciente a Alfonso Bolívar Tuberquia, miembro del Consejo de Paz de la vereda de Mulatos.

Luis Eduardo Guerra, Alfonso Bolívar y sus familias desaparecieron desde este día. Varios habitantes fueron al día siguiente a la finca de Alfonso Bolivar Tuberquia, y descubrieron huellas de sangre y restos humanos. Desde el momento en que el Consejo Interno de la Comunidad de Paz supo de esta información se pidió a los organismos competentes del Estado que verificaran estos hechos.

El día 25 de febrero la Comunidad de Paz de San José de Apartadó organizó una comisión de verificación, a la que fueron invitadas organismos del Estado y ONG nacionales e internacionales. Esta comisión, que incluyó unas 100 personas de la comunidad, salió caminando desde San José hasta las veredas Mulatos y la Resbalosa, acompañada por la Corporación Jurídica Libertad, Peace Brigades Internacional, Fellowship Of Reconciliation y Concern America. A su vez funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y Procuraduría Nacional se trasladaron a la zona en helicóptero.

La comisión judicial realizó la exhumación de una fosa en la finca de Alfonso Bolívar Tuberquia, donde encontró los cadáveres de tres adultos despedazados y dos niños de seis y dos años. Más tarde fueron encontrados otros tres cadáveres (dos adultos y un niño de once años) en las cercanías de la vereda La Resbalosa. Miembros de la comunidad los reconocieron como Luis Eduardo Guerra y su familia, el primero con signos de tortura. En ambos lugares, PBI estuvo presente.

Esta masacre se inscribe dentro de los constantes ataques que la Comunidad de Paz de San José de Apartadó ha enfrentado desde su fundación en 1997, con un resultado de más de 130 asesinatos, que al día de hoy continúan en la impunidad.

Es desconcertante que una comunidad con tanto reconocimiento internacional, que goza de medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y para la cual la Corte Constitucional de Colombia en marzo del 2004 pidió medidas de protección efectivas, sufra un ataque de semejante crueldad y la pérdida de uno de sus líderes históricos.

Una vez más Peace Brigades International pide protección para las personas de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y para las organizaciones colombianas que apoyan a la comunidad. Como mejor medida para prevenir futuros ataques, esperamos una investigación exhaustiva por la cual se esclarezcan los hechos ocurridos y se tomen las medidas pertinentes.

Hacemos esta declaración pública extraordinaria, fuera de nuestros procedimientos habituales, dada la gravedad de los hechos. Reiteramos nuestro compromiso con el Proyecto de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y los acompañamos en su luto. Es nuestra voluntad convertir en memoria y fuerza la profunda tristeza que hoy nos embarga.

Peace Brigades International - Colombia